La administración Trump ha planteado un enfoque innovador y audaz: implementar una vigilancia fiscal global centrada en las criptomonedas. Este movimiento no solo busca transformar el ámbito regulatorio de los activos digitales, sino también reforzar la posición de Estados Unidos dentro del panorama financiero mundial. En el corazón de esta estrategia se encuentra la integración de Estados Unidos en el marco fiscal global CARF, diseñado por la OCDE, el cual tiene la meta de establecer un intercambio automático de información financiera sobre cuentas digitales offshore no declaradas de contribuyentes estadounidenses. Así, se plantea una persecución fiscal dirigida a aquellas cuentas en jurisdicciones cripto-favorables como las Bahamas, Dubái o Singapur.
La revolución del CARF: Persecución fiscal internacional
El marco CARF representa un paso significativo hacia una mayor transparencia fiscal en el contexto digital. Con más de 40 países ya participando, este acuerdo busca erradicar la evasión fiscal relacionada con las criptomonedas a través de un intercambio de datos constante y automático. La implementación de este proyecto intenta evitar la transferencia de activos digitales a plataformas extranjeras, emulando el exitoso modelo FATCA aplicado anteriormente a cuentas bancarias tradicionales. Esto no solo persigue la evasión, amigo, sino que también aspira a potenciar el uso y desarrollo de activos digitales dentro de los Estados Unidos.
Impacto en economías globales y plataformas descentralizadas
El panorama de las criptomonedas ha crecido exponencialmente y, junto con ello, también las preocupaciones sobre su regulación. En 2024, las estafas relacionadas con criptomonedas generaron pérdidas equivalentes a 9,3 mil millones de dólares. Este flujo opaco de capital ha despertado alarmas, llegando a ser una preocupación que podría influir en hasta la mitad del PIB de ciertas economías. Sin embargo, hay áreas que aún escapan al alcance de estas normativas. La DeFi, por ejemplo, permanece en una “zona gris” debido a decisiones presidenciales que han permitido su tolerancia por el momento.
Reacciones internacionales y el poder del intercambio de datos
Países como Japón, Francia y Alemania ya están a bordo del intercambio fiscal en el marco del CARF, compartiendo datos relacionados con criptomonedas. Este intercambio no solo facilita el rastreo de activos digitales ilícitos, sino que también busca prevenir fraudes y aumentar las cargas fiscales donde corresponde. De hecho, hay quienes ven esta medida como una oportunidad para reforzar la confianza institucional en el sistema financiero internacional.
El equilibrio entre regulación e innovación en el mundo cripto
Gracy Chen, CEO de Bitget, ha expresado en múltiples ocasiones la necesidad de encontrar un balance entre la innovación y la regulación. Para ella, el CARF representa más que solo un método de vigilancia fiscal; es una manera de cimentar la confianza en el ecosistema de criptomonedas, guiando hacia una adopción masiva de una forma que sea segura y sostenible. Este enfoque busca no solo proteger a las economías frente a los efectos adversos de las transacciones no reguladas, sino también crear un entorno propicio para el crecimiento tecnológico.
El camino hacia la regulación cripto eficaz
El debate sobre la regulación cripto es complejo y polarizante. Aunque la administración Trump ha dado pasos firmes hacia un control más estricto a través del CARF, el éxito de estas medidas dependerá en gran medida de la colaboración internacional y de la capacidad para adaptarse rápidamente a las innovaciones tecnológicas que surgen en el mercado. Mientras Estados Unidos considera un proyecto de ley que podría obligar a los ciudadanos a informar sobre sus criptocuentas en el extranjero, en otros lugares del mundo, como en Japón, Francia y Alemania, ya se ha comenzado a implementar políticas claras en este sentido, bro.
