Por Luis Felipe Monteiro, vicepresidente de Relaciones Institucionales en Unico, y Fernando Paulín, CEO de Unico México
Los sistemas de identidad en Brasil y México, desde diferentes frentes y condiciones tecnológicas, se han convertido en infraestructuras públicas digitales clave del Estado.
En Brasil, el parteaguas sucedió con la iniciativa Gov.br, una plataforma que unificó en 2019 la identidad de más de 170 millones de usuarios y digitalizó la gran mayoría de los servicios públicos federales, con ahorros de miles de millones de reales. Desde el inicio de 2023, el ahorro acumulado por el intercambio de datos ya superó los R$ 3.95 mil millones de reales.
Estos avances en Brasil fueron posibles porque, además de una estrategia consistente de gobierno digital, existían infraestructuras nacionales de datos e identificación biométrica de la ciudadanía. Destacan la identificación de electores (coordinada y operada por el TSE), la identificación de conductores (coordinada por la Secretaría Nacional de Tránsito y operada por Serpro) y, más recientemente, el proyecto de la Carteira Nacional de Identidade (CIN), coordinado por la Secretaría de Gobierno Digital y operado por Dataprev, que busca estandarizar y unificar los registros de identificación civil de los estados en una única base biométrica nacional.
Los organismos involucrados en la gestión de estos sistemas de identificación en Brasil adoptaron el modelo de “Gobierno como plataforma”, al poner a disposición del sector privado servicios de verificación de identidad de la ciudadanía. Estas infraestructuras públicas digitales dan soporte esencial para el desarrollo de una economía digital segura y escalable.
En México, gob.mx, llave.gob.mx y la CURP Biometrica se perfilan como un proyecto similar, pero la pregunta central trasciende lo tecnológico: ¿cómo convertir esta infraestructura en un freno al fraude digital y no en su próximo gran detonador?
En Brasil, la identidad digital de Gov.br, basada en biometría facial y construida sobre las bases biométricas de identificación del Estado, se volvió la llave de acceso a miles de trámites públicos y llevó al país a ser reconocido por el Banco Mundial como el segundo más maduro del mundo en gobierno digital. En México, el fraude por suplantación digital creció un 84% y la circulación de identidades falsas un 49%, y cualquier avance en identidad biométrica expone la vulnerabilidad de filtraciones de datos en instituciones públicas y privadas.
Gov.br nació con un objetivo que va mucho más allá de “modernizar trámites”. Su identidad digital unificada permitió que la ciudadanía dejara de ser, en la práctica, una desconocida para el Estado cada vez que se conectaba a un servicio. La biometría facial se convirtió en la capa que vincula de forma clara a la persona con su identidad digital, y sobre esa certeza se construyó un ecosistema de trámites públicos federales, firmas electrónicas con validez jurídica y un intercambio sistemático de datos entre organismos públicos. Al reducir papeles innecesarios, duplicidades y oportunidades de falsificación, la plataforma generó ahorros multimillonarios y elevó la barrera de entrada para el fraude basado en documentos físicos.
Al mismo tiempo, los servicios biométricos ofrecidos por el Estado facilitaron que el sector privado desarrollara soluciones especializadas para distintos requisitos de negocio, aprovechando las infraestructuras públicas digitales de identidad para construir una capa adicional de confianza que protege al ecosistema digital.
La implementación de la verificación de identidad no solo moderniza el sistema, sino que establece un nuevo estándar de confianza. Al garantizar con certeza quién es el usuario, eliminamos la incertidumbre sobre la persona y habilitamos a las instituciones para combatir el fraude de manera proactiva. Con la identidad asegurada, la tecnología puede enfocarse en proteger la transacción y al usuario contra manipulaciones externas.
México entra en la conversación a partir de la implementación de su CURP biométrica. La iniciativa propone dotar al identificador más universal del país de una capa biométrica que permita validar la identidad de cualquier persona utilizando un rasgo difícil de suplantar: la biometría facial y dactilar. En un entorno donde cada vez más servicios se contratan a distancia, esta certeza es fundamental para saber si quien solicita un crédito, abre una cuenta o firma un contrato, existe y es quien dice ser. La CURP biométrica tiene el potencial de reducir el robo de identidad al hacer mucho más difícil que una sola identidad se convierta en múltiples versiones apócrifas.
Pero, como muestra la experiencia brasileña, la biometría es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la integridad del ecosistema. Gestionar la identidad biométrica de toda una población transforma esta base de datos en una infraestructura crítica que exige protocolos de seguridad de última generación.
Por eso, la tecnología debe implementarse con una arquitectura de privacidad desde el diseño (privacy by design), garantizando que el uso de los datos sea seguro y ético. Tales estándares técnicos deben aplicar no solo al Estado, sino también a cualquier banco, fintech o comercio que se conecte a la CURP biométrica, asegurando que la innovación no comprometa la protección de los datos de los ciudadanos.
Para entender el alcance real de esta infraestructura, es fundamental distinguir dos capas que a menudo se confunden. La CURP biométrica pertenece a la capa de identidad: ayuda a responder si la persona es quien dice ser. La prevención de fraude, en cambio, responde a otra pregunta: ¿esa persona debería recibir el servicio que está solicitando?, ¿hay señales de comportamiento, patrones históricos o conexiones con redes conocidas de fraude que sugieran un riesgo elevado?
Brasil demostró que un proyecto de identidad digital bien gobernado puede transformar la relación entre ciudadano y Estado, generar ahorros millonarios y elevar el estándar de los servicios públicos. México tiene ahora la oportunidad de recorrer ese camino con la ventaja de que puede aprender de los aciertos y errores de quienes ya pasaron por ahí. La CURP biométrica no debería verse solo como un nuevo requisito administrativo, sino como la base de un pacto de confianza entre ciudadanía, gobierno y sector privado. Su éxito no se medirá por el número de registros capturados, sino por cuántos intentos de fraude fracasan gracias a ella.
La conclusión apunta a que los sistemas estatales de identidad, por sí solos, no podrán detener el fraude. Deberán convivir con sistemas avanzados de prevención que, en gran medida, desarrolla y opera la iniciativa privada. Lo que funciona es la combinación de una identidad sólida, proporcionada por el Estado, con una capa de inteligencia antifraude compuesta por modelos de machine learning, bases de datos compartidas sobre intentos de fraude, señales de comportamiento y alertas tempranas. Si la CURP biométrica se concibe como una solución autosuficiente, estará condenada a decepcionar; si se diseña como la columna vertebral sobre la que se monta ese ecosistema de prevención, puede convertirse en una ventaja de seguridad para todo el país.
Luis Felipe Monteiro es vicepresidente de Relaciones Institucionales en Unico. Con una trayectoria de más de 25 años, cuenta con una amplia experiencia en las áreas de tecnología, finanzas y gobierno. Ha sido Secretario de Gobierno Digital de Brasil y representante del país ante la OCDE, habiendo liderado la creación de Gov.br, que se ha convertido en la plataforma de gobierno digital más grande del mundo, con más de 170 millones de usuarios. Como resultado de su liderazgo, Brasil fue reconocido como el segundo país más maduro en gobierno digital, según el Banco Mundial. En 2020, el Foro Económico Mundial y Apolitical reconocieron a Luis Felipe Monteiro como una de las 50 personas más influyentes a nivel global.
Fernando Paulin es CEO de Unico México, empresa líder en tecnología para la prevención de fraude y creadora de la primera Red Contra el Fraude Digital en México, con la capacidad de detectar al 70% de los defraudadores del mercado mexicano. Con más de 13 años de experiencia en inteligencia artificial y análisis de datos, Fernando es graduado de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, con una maestría en Inteligencia Artificial. Ha ocupado posiciones directivas en Banco Azteca, como Director de Inteligencia Artificial, y en Rappi, donde lideró el lanzamiento de RappiCard como Chief Data Officer.
